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Soy lo que soy: ¡soy!

Se cumplen 10 años de la sanción de la ley de identidad de género, que consagró derechos negados a uno de los colectivos más invisibilizados de la agenda política. La norma sentó un precedente en la región y en el mundo como reconocimiento a la comunidad trans. Aún queda mucho por hacer para que las y los trans tengan pleno reconocimiento como sujeto de derecho.

La ley de identidad de género representa un cambio de grandes dimensiones para los derechos humanos, en tanto procura atender las demandas de una minoría históricamente ignorada o discriminada a pesar de los avances durante las últimas décadas en materia de inclusión y diversidad sexual.

Desde su sanción, Argentina garantiza el derecho al reconocimiento de la identidad de género, del libre desarrollo personal y del acceso a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar el cuerpo de cada persona. 

En este sentido, la identidad de género se entiende como un derecho humano, que refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

Es importante remarcar que nuestra legislación despatologiza la elección de las personas trans y establece como requisito para la intervención médica la sola solicitud de quien siente que le corresponde otra identidad de género. 

A través de los años, la Ley 26.743 permitió el acceso a las solicitudes de cambio de nombre en el DNI según la identidad autopercibida, y la inclusión en el Programa Médico Obligatorio de algunas intervenciones quirúrgicas menores, así como tratamientos hormonales.

Un avance aún en disputa

A pesar de que la norma representa un enorme avance, la realidad muestra que todavía existen obstáculos estructurales para el acceso a derechos básicos del colectivo LGTBQ+. Entre ellos:  la educación, la salud, el trabajo, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencia.

Recién en junio de 2021, otra ley impuso un piso de 3% para que las personas trans, travestis y transgénero tuvieran dentro de la esfera pública una inserción laboral con todos los derechos y garantías. No es algo menor ya que la estabilidad laboral es un punto de partida para avanzar hacia una vida digna.

Lo cierto es que el cupo aún sigue en veremos y la falta de financiamiento para tratamientos médicos y quirúrgicos es parte de una realidad que no coincide con la letra de la ley.

Asimismo, el acceso a la consulta médica se ve limitado por actos discriminatorios y violentos en la vía pública, el trato desigual por parte del personal de salud y la falta de consultorios amigables en muchas localidades del territorio nacional. 

Las y los usuarios de los servicios de salud denunciaron la ausencia de médicas/cos formadas/dos en salud integral y transicional en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires (CELS, 2020). En este sentido los datos son devastadores, se estima que las personas trans y travestis tienen una expectativa de vida de 35 años en la Argentina. En 2020, por ejemplo, se registraron 152 crímenes de odio hacia el colectivo LGTBQ+, de los cuales el 57% fueron asesinatos o suicidios.

La emergencia sanitaria desatada por el Covid-19 y las medidas de prevención dejaron al descubierto los enormes sectores de la población que viven al día. Para las personas travestis y trans, la falta de políticas integrales de inclusión o regularización laboral significó, en el marco de la cuarentena, no tener acceso a la alimentación por sus propios medios (CELS, 2020). Tomando los datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), se sabe que, entre mayo de 2012 y abril de 2021, 9.094 personas rectificaron su sexo y nombre de pila en su documento nacional de identidad. De ese universo, al 2017, sólo el 9% de población travesti y trans está inserto en el mercado formal de trabajo

Es importante reconocer que dichos datos suponen una representación parcial de la realidad, en tanto que no todas las personas trans han realizado el cambio de DNI. Más aún, aquellas personas que no se encuentran insertas en el mercado formal de trabajo, recurren en la mayoría de los casos al trabajo sexual o la situación de prostitución de la cual poco conocimiento se tiene, en tanto su condición de clandestinidad. En este sentido, la falta de información concreta afecta el desarrollo o planificación de políticas que respondan a la situación de vulnerabilidad del colectivo.

La transformación como política de Estado

A pesar de las falencias y dificultades mencionadas, con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se asienta y materializa en la estructura de gobierno la necesidad de planificar políticas públicas con una mirada de género integral, que ponga el foco en la situación de vulnerabilidad de las disidencias sexuales. En este sentido, podemos mencionar algunos hitos importantes, como la Ley 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, que establece la inclusión laboral de personal travestis, transexuales y transgénero en el Estado Nacional, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal.

Asimismo, la creación en julio de 2021 de un documento nacional de identidad no binario, el cual responde a una demanda histórica del colectivo LGTBQ+, posibilita que todas las personas que no se identifiquen con la categoría masculina o femenina, puedan optar por una «X» en su DNI y pasaporte.

Si bien dichas medidas representan nuevos avances, los desafíos de su concreta implementación reclaman, además del compromiso estatal, con funcionarios y funcionarias capacitados/das para abordar y desplegar políticas acordes a los reclamos del colectivo, la construcción de un nuevo orden simbólico donde la identidad de género se vea reflejada en la igualdad de condiciones en el acceso de los derechos humanos básicos. 

Victoria Tapia Arias
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Licenciada en Ciencia Política y Técnica en Gestión Pública por la Universidad Nacional de la Matanza. Voluntaria en la Fundación Metropolitana, en el área de comunicación. Voluntaria en TECHO Argentina, miembro del equipo de investigación "Genero y Barrios Populares". Feminista.

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