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Servicios de inteligencia vs. Inteligencia aplicada, un debate necesario

Luego del ataque a las Torres Gemelas, la normativa antiterrorista norteamericana -sección 215 de la Patriot Act- habilitó a los organismos de inteligencia, como la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), a monitorear bases de datos, realizar búsquedas semánticas y revisar registros asentados en las empresas de comunicaciones, tanto  de telefonía como en otros soportes.

En 2012, la revista especializada C/net  reveló que el FBI creó una unidad de inteligencia dedicada a pinchar teléfonos de autoridades locales, estatales y federales, incluyendo a proveedores de servicios de datos y redes sociales, cada vez que el Departamento de Justicia lo requiriera. El informe muestra la existencia de solicitudes realizadas por dicha entidad de inteligencia para el financiamiento público de este programa desde 2008.

De esta forma, podemos observar la pulsión de los gobiernos por escuchar comunicaciones privadas, e interceptar y decodificar cada vez con más detalle nuestras actividades. Sin embargo, como vivimos bajo Estados de Derecho y existe la mediación judicial, no pocos políticos han elegido el recorrido peligroso de crear fuerzas especializadas para hacer el mal, que suelen etiquetar a sus víctimas como parte de células terroristas o redes de narcotráfico vinculadas a su financiamiento.

La experiencia argentina, con la salida de Gustavo Béliz del país tras mostrar la imagen secreta de Antonio “Jaime” Stiuso, confirma que los aparatos de inteligencia también condicionan a los gobiernos que los empodera. Luego aparecen las escuchas ilegales, filtraciones, carpetazos y extorsiones. Se usan entre todos, pero al final los gobiernos pasan y la cultura del espionaje ilegal queda. Incluso, más allá de las buenas intenciones de aquellos políticos que tratan de desarticular esa cultura del secreto, la cual hace un temerario flash back con aquellos ”grupos de tareas” de la última dictadura.

Entonces tenemos, por un lado, nuevos agentes informáticos que se meten en la metadata de nuestros dispositivos y, por otro, aquellos que dan más miedo, vienen de la vieja escuela y condicionan a los presidentes.

Ahora bien, los servicios de inteligencia son necesarios para evitar atentados como el de la AMIA, dar apoyo en seguridad digital y neutralizar peligros incipientes que afecten la seguridad nacional o nuestra soberanía económica y política.

En caso contrario podríamos caer en la ingenuidad de que las bases militares estadounidenses dispersas por el Cono Sur un día de estos, si Donald Trump se levanta con el pie más derecho que nunca, y se le ocurre, como en tiempos de Ronald Reagan, usar sus bases para el retorno de las guerras de “baja intensidad”, generar conmoción e imponer gobiernos digitados.

El escándalo Facebook y Cambridge Analytica, con el antecedente en el Brexit y en el diseño de la campaña presidencial de Cambiemos para las elecciones 2015, son elementos a tener en cuenta. ¿Mauricio Macri movilizó las pasiones del electorado con ayudita de servicios de inteligencia que estaban practicando en redes sociales? Nunca lo sabremos. Sólo conocemos papeles sueltos sobre la injerencia de la Embajada de Estados Unidos -por las Wikifiltraciones- en la política interna, donde la gestión 2015 -2019 se sacó un muy bien diez felicitado en duplicar la deuda pública, volver a depender del FMI y fugar todos los capitales de esa deuda con técnicas especulativas legales pero ilegítimas.

De momento, la nueva modalidad de intervención extranjera es a través de golpes institucionales “blandos”, entre los que se destacan los ocurridos en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Bolivia (2019). Más allá de Maduro y su autoritarismo en Venezuela, está claro que Juan Guaidó en su cargo de “presidente encargado” desde 2019 según decidió la Asamblea Nacional, no salió de un repollo ni de la aclamación popular.

Los documentos confidenciales revelados por Julian Assange sobre la participación estadounidense las guerras de Afganistán e Irak, el helicóptero Apache fusilando en 2007 a una decena de civiles -entre los que había un periodista de la agencia Reuters-, pero principalmente los cables de la diplomacia de ese país, con información sensible para sacar o poner presidentes, son la contracara que muestra la necesidad de organismos de inteligencia que deben ser diseñados para la democracia.

El llamado “Big Data”, con sus capacidades de revisar, filtrar, segmentar y ordenar inmensos volúmenes de datos, muestran otro mundo posible asociado a la IA (inteligencia artificial) e inteligencia aplicada para hacer el bien, porque sus algoritmos de búsqueda -que pueden tener sesgos- también son permeables de auditorías externas -como de parte del Poder Legislativo, entre otros ejemplos-.

Ese es el futuro deseado de los organismos de inteligencia, que deben tener especial observancia a cuestiones de alocación sobre la autoridad legal, efectos de territorio, nacionalidad, personalidad pasiva, criterios de aplicación del derecho universal y su jurisdicción para “hacer cumplir” (enforcement law) el derecho internacional, tanto en forma de intervención directa como indirecta.

Para ello existen Interpol y Europol, además del Convenio sobre Cibercriminalidad de Budapest, aprobado por el Consejo de Europa el 23 de noviembre de 2001 y que cuenta con 60 Estados miembros, entre los que se encuentran además de la Unión Europea, Chile, Argentina, Colombia y, curiosamente, Estados Unidos -con su doble estándar de borrar con el codo todo lo que firma-.

La base está en la observancia de los derechos fundamentales, bajo resguardo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de diciembre de 1948 -entre otros instrumentos internacionales-. El mismo que puso fin a las guerras mundiales pero no pudo evitar la guerra fría, puede fijar los principios protectorios y garantías para un mundo sin agentes encubiertos.

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