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Senado 2.0, el ranking 2020 de proyectos sobre comunicación

María Clara Güida te explica los tipos de proyectos presentados y sus características, cómo es el trabajo en comisiones en tiempos de Covid-19 y cuáles son las prioridades de la Cámara Alta en materia de comunicaciones. Son 56 los expedientes que pasaron por Mesa de Entradas. Veamos.

Desde el inicio de la Emergencia Sanitaria (DNU 260/20) y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DNU 297/20), el Senado de la Nación dispensó del deber de asistencia tanto al personal como a lxs legisladorxs, quienes continúan en actividad a través del sistema de Trabajo Conectado Remoto (TCR). 

En dicho marco, el 30 de marzo la Dirección General de Comisiones (DGC) dio a conocer el nuevo instructivo de procedimiento a ser aplicado durante la emergencia, para recibir los expedientes digitales de Mesa de Entradas y remitirlos a las Comisiones pertinentes, ya sea que las mismas se encuentren integradas y constituidas o no. Cabe aclarar al respecto que al día de la fecha hay varias comisiones que aún no se han integrado y constituido, justamente a raíz de las complicaciones originadas por la pandemia, pero no por ello dejan de recibir proyectos de su competencia.

Vale resaltar al respecto que los proyectos condensan propuestas de regulación o reglamentación, ideas, planes o expresiones de deseos conforme a las necesidades normativas de un mundo en constante dinámica. En el caso del Senado, el Reglamento (RHSN) establece que los mismos pueden ser de ley, decreto, resolución, comunicación o declaración. 

Tipos de Proyectos

De todos ellos, los más relevantes son los proyectos de ley (PL), ya que materializan la tarea sustancial de lxs senadorxs, que es la de legislar. Dada su relevancia, son los que mayores requisitos formales poseen y pueden tener como objetivo la sanción de una nueva ley o la modificación de una ya existente. Como indica el artículo 127 RHSN, se presenta en forma de proyecto de ley (PL) “toda proposición que deba pasar por la tramitación establecida en la Constitución para la sanción de las leyes” y; además, deben cumplir con los requisitos que el Reglamento especifica (por ejemplo, a diferencia de otros tipos de proyectos, deben fundamentarse por escrito).

Por su parte, los proyectos de comunicación (PC) se encuentran contemplados en el artículo 130, que los entiende como proposiciones dirigidas a “contestar, recomendar o pedir algo, o a expresar un deseo o aspiración de la Cámara, en particular los pedidos recabando informes”. Mediante este tipo de proyectos se puede solicitar al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la realización de ciertas acciones, como la creación de sellos postales conmemorativos, la prestación de servicios de internet o telefonía móvil en lugares alejados de los centros urbanos, la implementación de campañas publicitarias, entre otras; así como también la solicitud de informes sobre determinadas cuestiones bajo su órbita -acción en la cual se pone de manifiesto una de las formas de control que ejerce el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo-.

Los proyectos de declaración (PD), establecidos en el artículo 131, son aquellos que reafirman las atribuciones constitucionales de la Cámara o expresan la opinión del cuerpo. En este sentido, el artículo indica que todo proyecto de este tipo “que se refiera a logros de técnicos, investigadores o científicos argentinos, debe contener una minuta de la investigación, estudio, invención o descubrimiento producido por el evento”. A modo de ejemplo, el Senado puede manifestar su repudio por actos que afecten la libertad de expresión; su agrado por distinciones efectuadas a ciertxs profesionalxs; su preocupación por el cierre de medios de comunicación; su interés por determinados eventos de interés público, entre otras cuestiones.

Los proyectos de resolución (PR), regulados por el artículo 129, tienen por objeto “originar una resolución particular del Senado”; es decir que se trata proposiciones que disponen decisiones imperativas del cuerpo, como ser la edición de determinadas obras literarias o la modificación del Reglamento.

Finalmente, los proyectos de decreto son menos comunes -y no se los abordará en el presente artículo- dado que se trata de proposiciones que tienen por objeto “originar una decisión especial de carácter administrativo”, y se encuentran regulados por el artículo 128.

Si bien, como principio general, se establece que los distintos proyectos deben destinarse a una única comisión, el Reglamento contempla que puedan ser enviados a más de una, cuando la naturaleza del asunto así lo aconseje -fundamentalmente en el caso de los proyectos de ley-. El objetivo de esta regla es agilizar el tratamiento de los expedientes, dado que al ser considerados en una sola comisión es más factible que sean dictaminados en menor tiempo. No obstante ello, si la iniciativa involucra temas cuya competencia vincula a varias comisiones, el tratamiento conjunto propicia un abordaje completo e integral.

El top 56 del a Comisión de Medios

Ahora bien, para tener un panorama aproximado de lo que lxs legisladorxs encuentran prioritario regular en materia de derecho a la comunicación en estos tiempos de pandemia, cabe analizar los proyectos que han sido girados a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión (CSMCyLE), cuya competencia está determinada por el actual Reglamento de la Cámara. En este sentido, cabe destacar que el artículo 79 de dicha norma faculta a la Comisión a: “dictaminar sobre lo relativo a organización, promoción y desarrollo de los sistemas de comunicación en todo el territorio del país, administración, supervisión, coordinación y prestación de los servicios postales, de telecomunicaciones, de radiodifusión, video y medios gráficos, el tratamiento de las nuevas tecnologías de comunicación como el campo de la informática y la expansión del fenómeno de internet y del correo electrónico. También le corresponde dictaminar sobre todo lo relativo a libertad de expresión, censura previa, secreto de las fuentes periodísticas, hábeas data, derecho a réplica y todo otro asunto referente al ramo de la información y las comunicaciones, sin perjuicio de la competencia de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías”.

Retomando lo planteado al inicio, del 30 de marzo a la fecha, la CSMCyLE recibió un total de 56 expedientes, de los cuales 32 son proyectos de ley (PL), 14 son de comunicación (PC) y otros 10 son de declaración (PD), no registrándose ningún proyecto de resolución (PR). 

De los 32 proyectos de ley ingresados, la Comisión es cabecera en 12, mientras que detenta el segundo o tercer giro en 20. Al respecto, cabe aclarar que todos los PC y PD recibidos cuentan con giro único -algo más que habitual, ya que la excepción es que este tipo de expedientes sean dirigidos a más de una comisión-.

En cuanto al tipo de proyectos recibidos, de los 14 PC, 4 son pedidos de informes al PEN, 4 son solicitudes de cobertura o acceso a determinados servicios (por ejemplo, cobertura de servicios de telefonía móvil o acceso a servicios de internet), 3 se corresponden con solicitudes al PEN para la realización de campañas publicitarias, 1 con solicitudes al PEN de realización de sellos postales y 2 pertenecen a la categoría otros.

Por otra parte, de los 10 PD, 3 son declaraciones de adhesión o conmemoración de determinados días (por ejemplo, día de las telecomunicaciones, día del periodista, entre otros), 5 son declaraciones interés o beneplácito, 1 constituye una declaración de rechazo o repudio (por ejemplo, a las expresiones vertidas por alguna persona en un medio determinado) y 1 pertenece a la categoría otros.

En materia de PL, de los 12 proyectos en los que la Comisión posee el primer giro, temáticamente encontramos 9 referidos a tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) -en los términos de lo establecido por la Ley 27.078 Argentina Digital y modificatorias-, de los cuales 3 son específicamente sobre telecomunicaciones y 6 sobre Internet; 2 versan sobre cuestiones de publicidad y 1 sobre protección de datos personales. No se verifica proyecto alguno sobre medios públicos, periodismo, medios gráficos, acceso a la información pública/transparencia o servicios de comunicación audiovisual, temas sobre los que habitualmente lxs legisladorxs suelen presentar iniciativas.

De los 9 expedientes referidos a TIC, uno tiene por objeto la creación de un Sistema Nacional de Control de Calidad de Servicios de Internet (Expte. S-290/20), otro busca establecer el uso de programas informáticos de formato libre en el ámbito del Estado nacional (Expte. S-298/20); otro busca crear una aplicación digital estatal gratuita para comercializar productos y servicios (Expte. S-925/20); otro crea un sistema de protección y defensa frente a contenidos ilegales -a las que considera fake news- en plataformas de proveedores de servicios de redes sociales (Expte. S-848/20); otro establece a los prestadores de servicios de conexión a internet la obligación de brindar éstos de manera gratuita en los domicilios de todxs los estudiantes secundarios de los establecimientos educativos de gestión estatal (Expte. S-1072/20); y los últimos tres apuntan a declarar internet y la telefonía móvil como servicio público (Exptes. S-955/20; S-467/20 y S-1100/20) -el último de los cuales, además, los declara como derecho humano-.

Además, el único proyecto referido a protección de datos personales tiene por objeto “otorgar mayor control y seguridad para los ciudadanos en plataformas de internet”, con lo cual también se encuentra vinculado a la temática anteriormente mencionada.

Respecto de los 20 PL en los que la Comisión posee el segundo o tercer giro, 17 se corresponden con regulación en materia de TIC, de los cuales 2 refieren a telecomunicaciones y 15 a internet; 1 refiere a publicidad, 1 a medios públicos y 1 a otros; no verificándose proyecto alguno sobre periodismo, medios gráficos, acceso a la información pública/transparencia o servicios de comunicación audiovisual.

De los 14 PL referidos a regulación de internet, 5 refieren a telemedicina, 5 son sobre teletrabajo, 2 sobre acceso a la info en materia de coronavirus, 1 sobre telecomercio y 1 sobre educación virtual.

Cabe aclarar que ninguna de las iniciativas ingresadas proviene del PEN, del mismo modo que tampoco se cuenta con sanciones provenientes de la Cámara de Diputados; situaciones ambas que, si bien no suelen abundar, suelen ser habituales bajo el normal funcionamiento del Congreso. 

Un dato relevante es que ningún proyecto ha sido aprobado sobre tablas -en aquellos casos de asuntos que no cuentan con dictamen de comisión o que, teniéndolo, no cumplen con los siete días corridos de publicación en el Orden del Día, y para cuya aprobación se requieren dos tercios de los votos- dado que, por el funcionamiento de excepción que está teniendo el Senado en estos días, las sesiones sólo tratan medidas específicas en el marco de la emergencia sanitaria sobre leyes que requiera el PEN e iniciativas que, a criterio del cuerpo sean necesarias para prevenir y combatir la pandemia (DP 8/20, artículo 2).

En suma, las cifras de los proyectos ingresados en estos meses permiten advertir fundamentalmente dos cuestiones vinculadas a la situación de excepción originada por la pandemia. 

En primer lugar, existe una notoria baja en la disminución en la producción de proyectos vinculados a la temática general del derecho a la comunicación en comparación con años anteriores. Por ejemplo, promediando la misma fecha de junio de 2018 la Comisión había dado ingreso como cabecera a 19 PL, 29 PC, 24 PD y 1 PR -dando un total de 73 proyectos ingresados, sin contar aquellos en los que la Comisión tuvo el segundo o tercer giro. Tomando los mismo parámetros, para esta fecha de 2019 se dio ingreso a 12 PL, 12 PC y 20 PD -un total de 44-.* 

En segundo lugar, se verifica una fuerte tendencia a regular internet y los dispositivos móviles, donde lo digital toma completo protagonismo en los proyectos por sobre los medios tradicionales, que son prácticamente inexistentes.

Finalmente, cabe destacar que de los 36 proyectos en los que la Comisión ostenta el primer giro, 20 de ellos se encuentran vinculados a la problemática de la emergencia sanitaria causada por la pandemia; mientras que de los 20 en los que posee el segundo o tercer giro, 17 están relacionados con dicha cuestión.

* Todos los datos contenidos en la presente nota pueden chequearse en el sitio web del Honorable Senado de la Nación: www.senado.gov.ar

Maria Clara Güida
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Prof. Cs. Comunicación Social (FSOC-UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente en Legislación Comparada y en Derecho a la Información (UBA). Asesora de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el Senado de la Nación. Además escribe genial y es de River Plate. 

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