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La Constitución, Retiro y los derechos que no llegan a los barrios populares

Versión accesible de La Constitución, Retiro y los derechos que no llegan a los barrios populares

Entre los libros pendientes de lectura en esta pandemia hay dos que, por razones desconocidas, quedaron atrás y al fondo de la mesita de luz de algunxs funcionarixs porteñxs. A continuación, María Clara Güida recorre los aspectos más relevantes de los derechos y garantías de nuestras Constitución Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, relacionados con el acceso a la salud, vivienda, alimentación y el bienestar general. Todo lo que está faltando hoy en los barrios populares porteños

Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina (…) con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general (…) para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino.

Releer el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional hoy, más que nunca, lleva a preguntarnos acerca de cuál es el rol del Estado y quiénes son los destinatarios de su protección.

En una clara búsqueda de prestaciones positivas a cargo del Estado, con la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales a la Constitución Nacional (CN), nuestro país se abre camino hacia una concepción según la cual el Estado no sólo debe garantizar el libre goce de los derechos, sino que debe desplegar una intensa actividad en aras de remover los obstáculos que impidan su efectivo su ejercicio. Con la incorporación del artículo 14 bis, nuestra CN garantiza, no sólo los derechos de lxs trabajadorxs y los gremios, sino también el derecho de todos los habitantes a los beneficios de la seguridad social, la cual posee carácter irrenunciable e integral. En este sentido, el tercer párrafo de dicho artículo establece que el seguro social obligatorio y, entre otras cuestiones, el acceso a una vivienda digna.

Con la reforma de 1994, nuestra Constitución Nacional incluyó una mirada más amplia, emanada de los instrumentos internacionales y de los sistemas de protección de derechos humanos, que se plasmó en los nuevos derechos y garantías. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, el derecho al ambiente y a la protección de la salud en las relaciones de consumo, contemplados en los artículos 41 y 42 respectivamente, así como también otros derechos de interés difuso o colectivo previstos en los tratados internacionales de derechos humanos enumerados en el artículo 75, inciso 22 y que poseen jerarquía constitucional.

El artículo 41 de nuestra CN garantiza a todos los habitantes el derecho a “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Este artículo establece, además, la obligación prioritaria de recomponer el daño ambiental -conforme lo establezca la ley- y el deber de las autoridades de proteger el derecho al ambiente, proveer un uso racional de los recursos naturales, preservar el patrimonio natural, cultural y la diversidad biológica, así como también garantizar la información y educación ambientales. 

El artículo 43 CN consagra para toda persona, la acción expedita y rápida del amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que lesione, restrinja, altere o amenace, entre otros derechos y garantías constitucionalmente reconocidos, el derecho al ambiente y los derechos de incidencia colectiva en general. Para que quede claro: si un adolescente de 15 años queda sólo cumpliendo medidas excepcionales de cuarentena por una pandemia, los agentes estatales desde el Jefe de Gobierno y toda su descendencia jerárquica deben atender sus necesidades inmediatas.

Dentro de las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso de la Nación, el artículo 75, inciso 19 le asigna, entre otras, la de proveer lo conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social; mientras que el inciso 23 señala la de “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.

Por su parte, el artículo 75, inciso 22 incorpora -con jerarquía constitucional- instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo XI); la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 10, 11 y 12); la Convención sobre los Derechos del Niño (artículos 17, 24, 25, 26, 27, 32 y 39); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5); y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 10, 11, 12 y 14). 

Finalmente, cabe destacar que el artículo 28 de nuestra Constitución precisa que los principios, garantías y derechos allí reconocidos no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio; y el artículo 33 indica que los mismos no deben ser entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno.

Por su parte, entre los derechos y garantías de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCBA) , cabe destacar que el artículo 10 dispone la vigencia de “todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen”, los cuales deben interpretarse de buena fe. En tal sentido, la norma indica que “los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”. Seguidamente, en su artículo 11, la norma establece que “todas las personas tienen idéntica dignidad y son iguales ante la ley”.

En su artículo 20 la norma garantiza el derecho a la salud integral, la cual se considera directamente vinculada con la satisfacción de las necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. En tal sentido, la norma entiende que el gasto público en salud constituye una inversión social de carácter prioritaria, motivo por el cual “las acciones colectivas e individuales de promoción, protección, prevención, atención y rehabilitación” deben asegurarse de forma gratuita y a través del área estatal de salud, “con criterio de accesibilidad, equidad, integralidad, solidaridad, universalidad y oportunidad”. 

Concordantemente con ello, el artículo 21 de la normativa local insta a la Legislatura a sancionar una Ley Básica de Salud conforme a los lineamientos allí enumerados y el artículo 22 establece que la Ciudad ejerce su función indelegable de autoridad sanitaria. En tanto tal, la CABA tiene las obligaciones de regular, habilitar, fiscalizar y controlar “todo el circuito de producción, comercialización y consumo de productos alimenticios, medicamentos, tecnología médica, el ejercicio de las profesiones y la acreditación de los servicios de salud y cualquier otro aspecto que tenga incidencia en ella”. 

Respecto al derecho al ambiente, la CCBA el artículo 26 lo considera patrimonio común, del cual toda persona tiene derecho a gozar en condiciones de salubridad, “así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras”. En tal sentido, el artículo prevé que el daño conlleva prioritariamente la obligación de recomponer.

El artículo 27 establece que la Ciudad tiene la obligación indelegable de desarrollar “una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana”, y de instrumentar “un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente” con la finalidad de promover, entre otros, “la protección, saneamiento, control de la contaminación y mantenimiento de las áreas costeras del Río de la Plata y de la cuenca Matanza-Riachuelo, de las subcuencas hídricas y de los acuíferos”; “la regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado; “la provisión de los equipamientos comunitarios y de las infraestructuras de servicios según criterios de equidad social”; “la regulación de la producción y el manejo de tecnologías, métodos, sustancias, residuos y desechos, que comporten riesgos”; una minimización de los “volúmenes y peligrosidad en la generación, transporte, tratamiento, recuperación y disposición de residuos”; y “un desarrollo productivo compatible con la calidad ambiental, el uso de tecnologías no contaminantes y la disminución en la generación de residuos industriales”.

Con el fin de asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento territorial, el artículo 28 prohíbe el ingreso de residuos y desechos peligrosos a la Ciudad y apunta a generar mecanismos de acuerdo con la provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones, en pos de ”utilizar o crear plantas de tratamiento y disposición final de los residuos industriales, peligrosos, patológicos y radiactivos que se generen en su territorio”. El artículo 29 insta a la Ciudad a definir “un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias (…) que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras públicas”. Además, el artículo 30 indica “la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública”.

Cabe destacar que el artículo 31 de dicha Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, para lo cual: “Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones.” 

Por otra parte, el artículo 40 CCBA referido a la juventud, garantiza para este grupo “la igualdad real de oportunidades y el goce de sus derechos a través de acciones positivas que faciliten su integral inserción política y social y aseguren, mediante procedimientos directos y eficaces, su participación en las decisiones que afecten al conjunto social o a su sector”. Para ello, “promueve su acceso al empleo, vivienda, créditos y sistema de cobertura social” y “crea en el ámbito del Poder Ejecutivo y en las Comunas, áreas de gestión de políticas juveniles y asegura la integración de los jóvenes”, entre otras cuestiones.

En cuanto a las personas mayores, el artículo 41 CCBA consagra la igualdad de oportunidades y trato, así como también el pleno goce de sus derechos. En pos de ello y de su protección, establece el deber de desarrollar políticas sociales que atiendan sus necesidades específicas y eleven su calidad de vida; brindar alternativas a la institucionalización y apoyo al grupo familiar para su cuidado, protección, seguridad y subsistencia.

En línea con lo establecido por el artículo 42 CN, el artículo 46 CCBA apunta a garantizar “la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten”. En este sentido, dispone la protección de la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, a quienes asegura un trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, entre otras cuestiones. Ejerce, además, “el poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad, en especial en seguridad alimentaria y de medicamentos”. 

En este contexto, retomamos el interrogante del principio: ¿cuál es el rol del Estado y cuáles son los destinatarios de su protección? El Estado limitado, propio de las corrientes progresistas puede ser un instrumento para promover la libertad, pero la persecución de objetivos igualitarios requiere de un fuerte ejercicio del poder estatal; porque en materia de salud, ambiente, vivienda y alimentación, al igual que en otros aspectos, no hay mano invisible que garantice la distribución de los bienes y el pleno ejercicio de los derechos.

A algunxs pareciera habérseles olvidado que nuestro país no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en nuestra Nación fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley (artículo 16 CN).

Maria Clara Güida
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Prof. Cs. Comunicación Social (FSOC-UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente en Legislación Comparada y en Derecho a la Información (UBA). Asesora de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el Senado de la Nación. Además escribe genial y es de River Plate. 

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