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¿Federación o Confederación?

En esta nueva entrega de ABC Parlamentario, María Clara Güida, te cuenta a qué remiten ambos términos y a cuál de los dos pertenece la Argentina. Podés leer la nota con mazamorra caliente, para quemarse los dientes.

En su artículo 1º, la Constitución Nacional establece que “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal”; entendiéndose por ello que nuestro Estado -concebido como una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades- adopta, para su gobierno, la forma representativa y republicana, y la forma federal para su organización. La forma federal no es, entonces, una forma de gobierno, sino una forma de organización del Estado. 

Esto da cuenta de la existencia de un vínculo entre poder y territorio, dado que el poder se descentraliza políticamente con base física, geográfica o territorial. En este sentido, el federalismo es la forma de organización del Estado opuesta a la unitaria; la cual, en lugar de expandirse hacia el territorio, centraliza territorialmente el poder de dicho Estado y suele ser proclive a formas autocráticas de gobierno.

Ahora bien, aunque habitualmente suelen confundirse los términos “Federación” y “Confederación”, y en los diferentes estatutos y documentos que antecedieron a la sanción de nuestra norma fundamental se habla a veces, indistintamente, de uno y otro término, cabe destacar que los mismos no son sinónimos y que, por sus características, nuestro país no se encuentra organizado en una Confederación sino en una Federación. Vale aclarar que, si bien la Constitución Nacional sancionada en 1853 dice Confederación (término que se mantendría hasta la reforma de 1860), el texto posee preceptos propios de una Federación (pensando a Buenos Aires como integrante, aunque en esos momentos no formara parte).

En una Confederación, los estados que la conforman son soberanos y, en tanto tales, conservan sus derechos de secesión y de nulificación de medidas, leyes o acciones. La unión de estos estados, que suele poseer como órgano supremo a la Asamblea de la Confederación, suele deberse a pactos que poseen el carácter similar al de un tratado internacional y que buscan asegurar la defensa común y el otorgamiento de ventajas y beneficios.

Por el contrario, en Argentina sólo un Estado es soberano: el Estado Nacional. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que constituyen los estados locales que lo componen -bajo un acuerdo denominado “Constitución”-, no son soberanas, sino autónomas y pueden dictar sus propias normas (artículos 5º y 123 CN), respetando siempre la supremacía federal. Esto quiere decir que todas las normas provinciales -incluidas las constituciones provinciales- deben estar supeditadas a la Constitución Nacional, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras -así como también debe respetarse toda otra norma o acto emanado del gobierno federal en cuanto tal- que son la ley suprema de la Nación, conforme al artículo 31 CN, el cual debe leerse coordinadamente con el artículo 75, inciso 22 CN. Cabe destacar al respecto, que esta supremacía del orden jurídico federal, debe separarse de la forma en que los distintos niveles de Estado interaccionan en función de nuestra estructura constitucional, lo cual da lugar a relaciones de subordinación; de participación o colaboración y de coordinación.

Sin embargo, a pesar de esta dualidad de poderes a la que el Federalismo da lugar (triplicada, desde la reforma de 1994, con el poder, también autónomo de los municipios), las provincias carecen de derecho de secesión (pueden sumarse nuevas provincias, pero las provincias no pueden separarse del territorio de la federación) y, de la posibilidad de nulificar las decisiones del Estado federal. 
El origen del Poder Constituyente se encuentra en el pueblo de los estados miembros, que delegan facultades en el gobierno federal (artículo 121 CN) y acordaron el compromiso de cumplirlo y someterse por igual a la voluntad general. Como evidencia el Preámbulo de nuestra Constitución, son los representantes del pueblo de la Nación Argentina, los que reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, y con los objetivos de, entre otros, constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, ordenaron, decretaron y establecieron la Constitución, para la Nación Argentina.

Maria Clara Güida
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Prof. Cs. Comunicación Social (FSOC-UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente en Legislación Comparada y en Derecho a la Información (UBA). Asesora de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el Senado de la Nación. Además escribe genial y es de River Plate. 

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