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El negociado de las tierras del Colegio Militar

El Congreso de la Nación tiene muchas historias desconocidas. Por allí pasaron no pocos personajes públicos como Norberto Imbelloni, un dirigente metalúrgico que dejó el traje de «Caballero Rojo» de “Titanes en el Ring” para ocupar una banca de diputado. Pero de esto no habla (por ahora) María Clara Güida, quien nos cuenta sobre la creación de la Comisión Investigadora de “El Palomar”, un grupo valiente que de la mano del senador radical Benjamín Villafañe y el socialista Alfredo Palacios se la jugaron en plena “década infame”. Poco tiempo antes, en 1935, Enzo Bordabehere había sido asesinado en pleno recinto por el negociado de las carnes. Esta vez el contubernio terminó en suicido.

Creada en mayo de 1940, la Comisión Especial Investigadora “El Palomar” tuvo su origen en un proyecto de resolución presentado por el Senador por la Provincia de Jujuy Benjamín Villafañe, quien denunció ante el cuerpo una serie de irregularidades cometidas durante el proceso de compra de tierras de El Palomar, en el partido de San Martín (Provincia de Buenos Aires), el 24 de abril de 1939 por parte del gobierno nacional a Néstor Luis Casás, ante el escribano mayor de gobierno. Dicho proyecto tomó estado parlamentario el 16 de mayo de 1940 y propició la creación de la mentada comisión investigadora, que fue designada por el Presidente del Senado y constituida por los senadores Gilberto Suárez Lago, Héctor González Iramain y Alfredo Palacios, bajo la dirección de éste último.

Cabe aclarar aquí que, a diferencia de las comisiones permanentes, las comisiones especiales se caracterizan fundamentalmente por poseer un plazo específico para el desarrollo de su labor, y su funcionamiento 

Volviendo a la Comisión “El Palomar”, vale destacar también que la propuesta original del Senador Villafañe apuntaba a que la misma estuviera compuesta por tres senadores, cada uno en representación de los sectores políticos que formaban parte del cuerpo; sin embargo, según se desprende de la versión taquigráfica contenida en el anexo 1 del documento Antecedentes sobre la Comisión Investigadora de la compra de las tierras de El Palomar, el Senador Suárez Lago propuso corregir dicha formulación por una que dijera: “formada por tres senadores”. Esto lo justificó en función de dos cuestiones: en primer lugar, dado que no es propio de la costumbre parlamentaria establecer qué sectores políticos deben estar representados al designarse comisiones y, en segundo lugar, porque tal circunstancia implicaría que el Presidente de la Cámara tuviera que establecer el número de sectores políticos contenidos en el Senado.

Dicha comisión trabajó desde mayo hasta principios de agosto de 1940, tiempo durante el cual reunió antecedentes, interrogó a testigos y aportó pruebas e informes -entre los que cabe destacar el pormenorizado documento elaborado por el técnico contador Dr. Mauricio E. Greiffer, quien en ese entonces era Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas-, que daban cuenta de una intervención impropia por parte del Poder Ejecutivo y de la Contaduría General de la Nación durante el citado proceso de compra de tierras.

Sucintamente, los hechos que motivaron la denuncia del legislador, y que le fueron puestos en su conocimiento por personas “insospechables y de su máxima confianza”, dan cuenta de que durante 3 años las señoras María Luisa y María Antonia Pereyra Iraola Herrera de Vegas trataron de vender al gobierno nacional una fracción de terreno -de 222 hectáreas, 7.548 mts, 3.583 cm3-, conocida como “Palomar de Caseros” -del cual eran propietarias en condominio-, al precio de 1 peso moneda nacional el metro cuadrado.

Según consta en el punto 2 del despacho de la comisión que, como anexo documental número 3, acompaña el texto Antecedentes sobre la Comisión Investigadora de la compra de las tierras de El Palomar, “las propietarias gestionaron directa e infructuosamente” la venta “desde mayo de 1934 hasta el 24 de diciembre de 1937”. Durante dicho período, numerosas tasaciones, opiniones autorizadas y resoluciones sobre el valor de la propiedad coincidieron en que el precio requerido por las propietarias era inconveniente por las condiciones del terreno (bajo e inundable), por el cual se sugería no pagar más de 19 o 20 centavos el metro cuadrado.

Pasado ese tiempo, el 22 de diciembre de 1937, las propietarias firmaron con Néstor Luis Casás -quien se había ofrecido a colocar las tierras con el gobierno nacional a modo de intermediario- un contrato de compraventa por el terreno, otorgándoselo a 65 centavos el metro cuadrado (venta que debía escriturarse a los 120 días; plazo durante el cual el comprador no podía ceder o transferir el contrato). Ese mismo día, por intermedio de su apoderado Jacinto Baldasarre Torres, Casás se presentó ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, ofreciendo el terreno a 1,10 pesos moneda nacional el metro cuadrado.

La adquisición del terreno por parte del gobierno de la Nación tenía por objeto la ampliación del Colegio Militar de El Palomar y otras dependencias militares, dado que dicho terreno era colindante con el predio del Colegio. El trámite contó con el informe favorable del Director General de Ingenieros, General Juan Bautista Molina, el acuerdo del Presidente de la Contaduría General de la Nación, Dr. Mario de Tezanos Pinto (quien habría infringido varios artículos de la Ley de Contabilidad Número 48) y el apoyo del Ministro de Guerra, General Basilio Pertiné (quien introdujo en el proyecto de ley de presupuesto para 1938 un artículo que facultaba al Ejecutivo a adquirir los terrenos y que fue aprobado por el Congreso de la Nación), así como también del siguiente Ministro de Guerra, General Carlos D. Márquez (quien permitió que se incorporara al trámite de venta el boleto de compraventa que había firmado Casás y solicitó al Presidente Ortíz la firma del decreto-acuerdo 21.683/38 de autorización de compra «a un precio no mayor de $ 1,10 (pesos uno con 10/100) el metro cuadrado a quien resulte propietario de las mismas»); motivo por el cual el informe elaborado por la comisión investigadora -y dictaminado el 7 de agosto de 1940- acusó a este último de haber violado su responsabilidad legal como funcionario público por no haber protegido el interés público.

Dicha comisión identificó, además, a quienes dentro del Poder Legislativo habían sido beneficiados por sus gestiones en el transcurso del proceso de compraventa, como el ex Presidente de la Cámara de Diputados, Juan G. Kaiser, el ex Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Dr. Gregorio Raúl Godoy, y su ex secretario, Agustín Marcelo Echavarrieta, además de otros legisladores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda (como los diputados Miguel A. Aguirrezabala, José Guillermo Bertotto y Víctor Juan Guillot, quien por entonces presidía la Comisión de Presupuesto y Hacienda).

La comisión especial propuso remitir los resultados de sus investigaciones a los tribunales federales, para que se promovieran las acciones criminales y civiles que correspondieran; y, conforme a los artículos 45 y 58 de la Constitución Nacional de ese entonces, a la Cámara de Diputados, para iniciar acciones contra los legisladores y juicio político al Ministro de Guerra.

De acuerdo a la redacción que tenía el artículo 45, correspondía a la Cámara de Diputados “el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, sus ministros y a los miembros de la Corte Suprema y demás tribunales inferiores de la Nación en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones; o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”. Por su, parte, el artículo 58 expresaba que “Cada Cámara hará su reglamento, y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias que voluntariamente hicieren de sus cargos”.

El informe de la comisión investigadora fue intensamente debatido en las sesiones del 19 y 20 de agosto de 1940, donde sectores del radicalismo intentaron impedir -por motivos políticos en torno a la disputa por el regreso al poder- la aprobación de la resolución original de la comisión, que finalmente fue aprobada por 21 votos contra 5.

Los sectores del radicalismo que se opusieron al informe eran aquellos que buscaban la apertura del sistema y vieron en el ataque el Ministro de Guerra Márquez una contrariedad a las posibilidades de continuar con las políticas del Presidente de la Nación, ya que de desaparecer Márquez de escena, Agustín P. Justo (en campaña para ser reelecto en 1944) podía retomar el control de los nombramientos del Ejército y el manejo de ese grupo de poder de cara a las elecciones presidenciales. En suma, Justo deseaba volver a la presidencia en 1944 y, para ello, requería el apoyo del radicalismo a cambio de la eliminación del fraude.

Una de las mayores repercusiones del informe de la comisión fue la presentación, el 22 de agosto de ese año, de la carta de renuncia del entonces Presidente de la Nación, Roberto Marcelino Ortíz, ante la Asamblea Legislativa, que dos días después la rechazó por 170 votos contra 1 (voto en contra de Sánchez Sorondo). Cabe destacar que, a pesar de haber rechazado su renuncia, el pleno no aceptó los términos en los cuales el Presidente Ortíz impugnaba las conclusiones del Senado, ya que el texto de la renuncia rechazaba las imputaciones y defendía al Ministro de Guerra: «Nadie, que no sea un malvado, podría insinuar siquiera que yo haya encubierto o facilitado la venalidad en ningún momento de mi ya larga vida política y de funcionario, concepto en que incluyó al dignísimo general don Carlos D. Márquez. Protesto y no acepto la intención de vincularme a esta menguada confabulación de intereses, que repudio y condeno…». La defensa prácticamente no convencía, dado que si Ortiz y Márquez no habían sido partícipes del negociado, en principio lo habían facilitado por negligencia o tolerancia.

Por otra parte, en la Cámara de Diputados ya el 9 de agosto de 1940 los legisladores Bertotto y Guillot -quien se suicidaría el 23 de agosto de 1940 a causa del escándalo- habían solicitado la suspensión de sus fueros para colocarse a disposición de la justicia federal; al tiempo que, a moción del Diputado Américo Ghioldi, se constituyó una Comisión Especial Investigadora que sería integrada por los diputados Peña, Sánchez Viamonte, Ravignani, Lanúa y Lima.

El 22 de agosto de ese año la Cámara Baja trató la comunicación del Senado dando cuenta lo resuelto y el 29 de agosto consideró y aprobó el dictamen de su propia Comisión Investigadora, separando al Diputado Bertotto de su cargo. Kaiser y el diputado Miguel Aguirrezabala fueron condenados por la Justicia a prisión por seis y cinco años, respectivamente. Sin embargo, la reclusión nunca se hizo efectiva, porque se encontraban fuera del país, recluidos en Uruguay. Luego, en 1948, retornaron a la Argentina y fueron indultados por Juan Domingo Perón. Casás y Baldassarre Torres fueron condenados a prisión.

 

A continuación podés leer el documento completo recuperado por la Dirección de Información Parlamentaria, Gentileza: Congreso de la Nación Argentina.

Maria Clara Güida
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Prof. Cs. Comunicación Social (FSOC-UBA). Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Docente en Legislación Comparada y en Derecho a la Información (UBA). Asesora de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el Senado de la Nación. Además escribe genial y es de River Plate. 

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