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El decreto 690/20 y los fierros de la corporación judicial

Esta semana la justicia cordobesa aceptó una medida cautelar que promete ser la versión remixada de la trampa judicial que benefició al Grupo Clarín cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009. Bustos, fierros, muchos millones y los fantasmas de la corporación judicial.

Nota del editor: Este artículo es la versión extendida de otro más cortito y al pie, que podés encontrar en medios más chulos como El Cohete a la Luna. Aquí se agregan otras historias de fantasmas menemistas, enlaces e imágenes para quienes gusten profundizar el tema.

Ilustración del maestro Alberto Breccia, Publicada originalmente en Il Mago (Ed. Periferia, Italia, 1975)

Esta vez el campo de batalla es la aplicación del decreto 690/20, que por primera vez pone topes a los aumentos indiscriminados en los servicios TIC. La decisión del juez cordobés Ricardo Bustos Fierro se convierte en la llave de un nuevo conflicto entre la corporación judicial, el gobierno nacional y las empresas de telecomunicaciones cartelizadas. Mientras tanto, Cablevisión Holding S. A. insiste en el aumento de un 20% cuando lo permitido por la autoridad de aplicación fue un 5% para enero de este año.

Así, la acción judicial a favor de una pequeña cablera local será el precedente para quienes buscan evitar que el Estado regule los servicios públicos de comunicaciones. Los principales interesados son, además de Cablevisión (Telecom), Telefónica de Argentina y Claro (Carlos Slim), quienes concentran la mayor parte del mercado. Después le siguen la satelital Direct TV (AT&T), Telecentro (Alberto Pierri) y operadoras como Supercanal, con presencia en 14 provincias. Esta última fue adquirida por 400 millones de dólares al Grupo Vila-Manzano, en 2018, por el fondo de inversión CVI Austral LLP, manejado por Carlos Joost Newbery -un emprendedor multitasking de larga trayectoria en los negocios de telecomunicaciones desde la privatización de Entel- controlante hasta enero de 2020 cuando CarVal Investors (Cargill) compró acciones para transformarse en la principal accionista. 

Cabe destacar que Daniel Vila concretó la venta luego de que el ENACOM y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) autorizara, en diciembre de 2017, la fusión por absorción de Cablevisión a la empresa Telecom. También vale recordar que durante el gobierno de Mauricio Macri esta última obtuvo el permiso para comprar Nextel y cambiar el uso de las frecuencias del espectro (refarming) para brindar telefonía celular 4G (streaming de video, principalmente), entre otros beneficios que la pusieron a disputarle la crema del negocio a Telefónica.

Historia de un clan

La medida cautelar otorgada por el juez federal Ricardo Bustos Fierro a la empresa TV Cable Color S. A., tiene un alcance limitado a la parte demandante, pero pone en cuestión la legalidad del decreto 690/20, cuyo espíritu impide situaciones de abuso de poder dominante en el mercado, muy común entre las principales operadoras de servicios de telefonía fija, móvil, Internet y televisión paga. Desde 2020, la mencionada norma las considera servicios públicos, esenciales y en competencia, porque entiende que se debe garantizar la universalidad en el acceso y calidad en el servicio.

Se trata de un cambio de paradigma en donde la comunicación es considerada un derecho humano fundamental. Esto lo hemos comprobado en este año de pandemia, donde quien no estuvo conectado no pudo estudiar, trabajar, ni acceder a contenidos culturales o de entretenimiento. 

Por casa, según el último informe técnico publicado por el Indec,  sólo el 60,1% de los hogares tenía acceso a una computadora en 2020 y de ese  porcentaje el 82,9% a Internet. En tanto el 20% de la población aun sin celular de línea activa contaba con la aplicación Cuid.ar ni datos móviles para circular por las calles durante la etapa de aislamiento preventivo y obligatorio. 

Para Bustos Fierro, el ENACOM en tanto autoridad de aplicación no puede intervenir mediante decisiones administrativas sobre los precios como la Res. 1466/2020 o la Res. 1467/2020, que establece la Prestación Básica Universal y obliga a las prestadoras de servicios TIC a presentar planes asequibles para grupos sociales vulnerables y de escasos recursos. Si uno observa con cuidado los precios establecidos, estos no resultan distantes a los ofrecidos libremente a los usuarios en las estrategias para la retención de clientes.

Ricardo Bustos Fierro es el mismo magistrado que estuvo a punto de ser removido por admitir otra medida cautelar, en 1999, que habilitó la presentación de Carlos Menem a las internas del justicialismo cordobés, para que el ex presidente y actual senador riojano -que en julio cumpliría 91 años- se postulara a una tercera reelección.

El magistrado había sido designado por el menemismo como titular del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba en diciembre de 1993 y el Consejo de la Magistratura entendió que obró con falta de independencia y en contra de lo dispuesto por la Constitución Nacional, la cual permite sólo una reelección. Por ese caso, el juez estuvo seis meses suspendido hasta que el jurado de enjuiciamiento lo absolvió por un voto de diferencia -cinco sobre nueve- y lo repuso en el cargo.

En 1997 también avaló una insólita medida cautelar para hacer efectivo el decreto para el “rebalanceo tarifario” en donde Telefónica y Telecom debían reestructurar su esquema de cobro entre llamadas locales, regionales e internacionales con un efecto neutro sobre la/os usuaria/os. Sólo le llevó dos días de la sanción resolver el pedido, extraño por cierto. Se trataba del único amparo de la historia argentina en donde un particular se presentaba a la justicia pidiendo que el decreto 92/97 se mantuviera vigente en caso de presentaciones posteriores como las que hubo por parte de organizaciones de consumidores. Obviamente, el fallo quedó firme porque la Secretaría de Comunicaciones no apeló en contra de la aplicación de su propia norma.

Gracias a esa cautelar las telcos obtuvieron nuevos márgenes de ganancia, porque los resultados económicos no fueron neutros. Todo bajo la cuestionable gestión de Germán Kammerath Gordillo como secretario de Comunicaciones y su continuidad en Alejandro Cima. Detalles de la década del noventa.

En 2015 también terminó apartado de una causa en la que se investigaba el presunto lavado de dinero e irregularidades en el Banco de Córdoba, debido a que su hijo Pablo Alfredo Bustos Fierro había sido propuesto -y luego confirmado- como fiscal adjunto, lo cual ponía nuevamente en duda la imparcialidad del padre.  

Bustos Fierro hijo se había presentado en 2011 para concursar como juez, pero no quedó en la terna de elegidos. Desde entonces, continúa su carrera en la Fiscalía General de Córdoba. En 2015, un asesor legislativo y militante del Frente de Izquierda (FIT), Guillermo Torrent, mostró una foto de Pablo Alfredo sonriente junto a Luciano Benjamín Menéndez, señalándolo como parte de la llamada “Sagrada Familia” cordobesa, anidada en la justicia local.

Bustos Fierro padre debería estar jubilado; no obstante, el Senado de la Nación, en tiempos de Miguel Ángel Pichetto y de Mauricio Macri presidente, dio su acuerdo al Poder Ejecutivo para darle cinco años de yapa. Si su capacidad dialéctica lo permite, el magistrado podrá ejercer hasta los 87 años.

La cautelar en cuestión no resulta extensiva a las empresas con poder significativo de mercado, pero será el precedente para que los grandes operadores como la escindida del Grupo Clarín, Cablevisión Holding  S.A (Telecom, Personal y Fibertel), insistan en la presentación de otras medidas cautelares a discreción. En eso, el empresario Héctor Magnetto y los conglomerados asociados al Grupo tienen los lápices bien afilados y una experiencia de éxito tras la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009.

Volver al futuro

Cablevisión aplicó un aumento del 20% en los meses de enero y febrero, y promete insistir en el error en marzo desconociendo las intimaciones del ENACOM. La empresa tiene espaldas para responder a las sanciones económicas que se apliquen, pero corre el riesgo de perder la licencia. Eso lo aseguró el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, el martes pasado en declaraciones radiales al programa Mejor País del Mundo (Radio Con Vos).

Es poco probable que esto ocurra durante el gobierno de Alberto Fernández, quien siempre ha mostrado vocación de diálogo con grupos de presión como Clarín. De hecho, dentro de la amplitud del Frente de Todos terminó por designar a Claudio Ambrosini como titular del ENACOM, un hombre de Sergio Massa. Como el ex intendente de Tigre pretende llegar a la presidencia algún día, nunca confrontará con los poderes fácticos que ponen gobiernos o tratan de derrocarlos en nombre de la libertad de expresión.

De hecho, Ambrosini integró el Directorio del ENACOM durante la gestión de Miguel de Godoy y Silvana Giudici, y nunca mostró demasiado enojo por las concesiones a las empresas telefónicas. 

Giudici fue nombrada recientemente en el Directorio como representante por la oposición. Su mayor mérito es trabajar como vocera ad honorem de Clarín y sus intereses poco claros. Lo cierto es que la también diseñadora gráfica nunca cumplió con la promesa de escribir una regulación convergente. Tal vez porque no entiende un pomo del tema y por esa razón la pusieron en el cargo.

Durante toda su historia política repitió a coro desde la Fundación LED las demandas de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) y Fopea (Foro de Periodismo Argentino), hoy presidida por el opusdeista de la Universidad Austral, Fernando J. Ruiz.

Iniciativas urgentes

Los esfuerzos del gobierno no han sido pocos. Progresivamente está reactivando algunas iniciativas urgentes. En septiembre anunció el Plan Conectar 2020-2023, destinando una inversión de 37.900 millones de pesos para la Red Federal de Fibra Òptica (Refefo), la Televisión Digital Abierta (TDA) y en optimizar los datacenters de Arsat.

La clave está en la mencionada empresa de gestión estatal sea una de las beneficiarias del Fondo Fiduciario de Servicio Universal. Se trata de un tributo administrado por el ENACOM, compuesto por el 1 por ciento de la facturación -menos impuestos- que pagan las prestadoras de servicios TIC, que es usado para dar conectividad en zonas donde las empresas del sector no quieren invertir por falta de rentabilidad ni compromiso social. Su ejecución debe llevar la firma de toda/os la/os directora/es del Ente en cada resolución de entrega de aportes no renovables, denominados ANT, que se ceden a pequeños o grandes prestadores según el caso.

Por ese carácter fiduciario ni siquiera los bicicleteros macristas pudieron hacerse de ese dinero para pagar sus caprichos financieros y, gracias a ello, Arsat pudo dar continuidad al Plan Argentina Conectada iniciado en 2010, dejando hacia fines de 2019 más de 1000 localidades conectadas con unos 30 mil kilómetros de fibra óptica iluminada. También, apenas asumió la presidencia de Arsat, Pablo Tognetti adelantó en febrero de 2020 que la empresa está desarrollando el Arsat SG1 para dar conectividad en zonas rurales. De esta manera un estudiante en la última escuela de frontera podrá acceder a la misma educación como ocurre en los centros urbanos

Por otra parte, este 1 de febrero desde la Casa Rosada, Claudio Ambrosini, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, la secretaría de Innovación Pública Micaela Sánchez Malcom y el secretario de Políticas Universitarias (SPU), Jaime Percyk, se reunieron con no pocos rectores de las universidades públicas del país para darle rumbo a una estrategia de conectividad en el ámbito de la educación superior en donde la virtualidad llegó para quedarse como herramienta de acceso al conocimiento. Percyk conoce del tema, es rector en uso de licencia de la Universidad de Hurlingham y durante la gestión de Alberto Sileoni se desempeñó como viceministro de Educación, cargando sobre sus hombros el Plan Conectar Igualdad. 

Incluso fuentes confiables aseguran que Silvana Giudici perdió la oportunidad de terminar su gestión frente al ENACOM dejando activo un proyecto de vanguardia a la medida de las necesidades de conectividad de las universidades públicas. Se trata de una iniciativa impulsada por expertos y académicos integrantes de la Red de Interconexión Universitaria (RIU), que desde 1994 ofrece -con acuerdo del SPU y el Ministerio de Educación, a la que se sumó luego el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)- una red académica propia. Esa que necesitan los científicos para grandes paquetes de datos y los estudiantes para tomar clases a distancia. 

Todo esto requería el despliegue de fibra y de conectividad troncal para que cada una/o de la/os docentes y estudiantes de la universidades nacionales pudieran acceder hasta un giga de velocidad. De haber autorizado los aportes para que los casi 60 establecimientos universitarios hicieran redes locales, la historia frente al Covid-19 hubiera sido otra. El costo estimado del proyecto era de dos dólares o dos cafés por estudiante, si tomamos como referencia que en 2016 eran aproximadamente 1,5 millones de estudiantes.

¿Cómo quedan las cosas?

Esta semana el ENACOM iniciará los sumarios correspondientes para sancionar a las empresas que incumplan con el decreto 690/20.

No obstante el fallo adverso de otra cautelar presentada por Telecom en el fuero Contencioso Administrativo Federal, vendrán nuevas presentaciones. A fines de enero, el juez Walter Lara Correa abrió la feria judicial para confirmar la vigencia de la norma considerando válidas todas las resoluciones de la autoridad de aplicación, porque el DNU pasó su aprobación por la Cámara Alta.

Esto a contrapelo de de la mirada sesgada de Bustos Fierro, quien desde la corporación judicial trata de romper con el principio de separación de poderes y los mecanismos de aprobación de un decreto de necesidad y urgencia, en tiempos de Covid-19. El dato curioso es que TV Cable Color S. A. cuenta sólo con unos 500 clientes y que su presentación afecta una política de comunicación inclusiva para casi 45 millones de habitantes, de los cuales 10 millones están en una situación de vulnerabilidad.

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Cayó de la universidad pública al mejor oficio del mundo. Periodista y Licenciado en Comunicación Social. También es Magister en periodismo y docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Juntó horas nalga en Tres Puntos, Argenpress.info, Radio UBA y la Agencia Télam. Cuando lo dejan publica maldades en Página/12 o en algún medio digital cojonudo como PostPeriodismo.

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