Close

Análisis de la agenda ambiental legislativa en contexto de pandemia: el desafío del rol del comunicador/a ambiental.

En este informe de investigación, nuestra especialista en comunicación y ambiente, Georgina Vitetti, nos trae un excelente análisis de la agenda ambiental que el Congreso de la Nación manejó en tiempos de la pandemia de Covid-19, entre el 1 de marzo de 2020 al 1 de marzo de 2021.

 

Como comunicadora con un interés por los temas ambientales y como parte del personal técnico- administrativo permanente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación desde el año 2010, el propósito de la presente investigación es analizar la agenda ambiental legislativa en contexto de pandemia, durante el periodo que abarca desde el 1/3/20 al 1/3/21”, desde una perspectiva comunicacional y a partir principalmente de tres indicadores en materia parlamentaria, a saber: los proyectos de ley presentados, los proyectos de ley tratados en reuniones de comisión y los proyectos de ley dictaminados y/o aprobados por el pleno, indicando si fueron sancionados con fuerza de ley o sólo aprobados por alguna de las Cámaras y permanecen pendientes de tratamiento, para dar cuenta de las dinámicas de funcionamiento del Congreso, considerando que la Pandemia por el Covid-19 como tal vino a visibilizar, entre tantas cuestiones, la problemática socioambiental.

 

Asimismo, cabe señalar que la riqueza de la labor y el foco están puestos en el desafío que conlleva para los y las comunicadores/as ambientales, abordar los temas en la materia y comunicarnos en clave de concientizadores/as y formadores/as de opinión.

En tal sentido, y en el marco de la Pandemia por el Covid-191, es necesario discutir cuál es el rol de la comunicación, qué características connotan la importancia de la información junto con el acceso a la información, y en virtud de ello entender que a través de la comunicación se construyen sentidos y eso implica generar acciones y toma de posturas al respecto.

Es importante tener a la vista de la investigación, los aportes del equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS)2 que investiga el origen del coronavirus en Wuhan, Capital de la provincia de Hubei en China y que han certificado la característica de origen zoonótico de este nuevo patógeno y sus múltiples mutaciones.

Partiendo de la hipótesis que la aparición del Covid- 19 se transportó de un animal a un humano en esta localidad de China y siendo un hábitat en que conviven hombres y animales y en donde la ganadería y el sector de residuos son generadores del efecto invernadero, cabe preguntarse ¿Qué hacemos como colectivo social para generar cambios que impliquen impactos y que se sostengan en el tiempo, yendo de lo individual a lo comunitario?

Las consecuencias de la Pandemia como tal, nos demuestran entre otras cosas, la importancia de lo colectivo como hecho constitutivo de la configuración social. En este sentido, nos invita a repensar la Edad Moderna, que tiene en su centro al individuo como ideal de la sociedad.

En virtud de ello, el proceso de comunicación interviene como constructor de sentidos, pero necesita del involucramiento de todas las ciencias que participen activamente de este cambio de paradigma, logrando una interseccionalidad transversal que genere espacios de acuerdos comunes.

En ese orden y teniendo en cuenta las características de este modelo de sistema productivo que nos rige y nos oprime, las y los comunicadores/as tenemos que pensarnos desde un lugar y una mirada militante y activista, entendiendo que la discusión es política y económica; y que el esquema de los medios hegemónicos de comunicación visibiliza el mapa de la desigualdad. Entonces, ¿Cómo creer que de estos actores, que sostienen el statu quo, va a surgir una propuesta para discutir el cambio de este paradigma?

En esta línea de análisis, queda claro que somos las y los comunicadores quienes tenemos el compromiso de construir una mirada donde se milite el ambientalismo como parte de un modelo de justicia social, en el que se pueda discutir un sistema que promueva soberanía alimentaria para distribuir los recursos y generar mayor igualdad para todas y todos.

La presente investigación establece que lo estructural de la problemática socio ambiental tiene que ver con la ruptura de un modelo de desarrollo económico capitalista, productivista, y extractivista, que surgió a partir de la Revolución Industrial con su plataforma centrada en el consumo y que tomó una velocidad inusitada que aún hoy se sostiene en el tiempo en base al uso y abuso de los recursos naturales fundamentalmente no renovables (petróleo, carbón, gas natural, entre otros).

De esta manera, cada consumo que realizamos en nuestra cotidianidad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, requiere del uso de energías no renovables, como por ejemplo el petróleo y sus derivados. Por ello este modelo se está agotando y lo estamos percibiendo en mayor medida con el cambio climático, que se presenta como el gran desafío del siglo XXI.

En virtud de lo expuesto, es urgente entender lo socio ambiental desde una perspectiva de transformación estructural, donde nuestros hábitos de consumo no estén vinculados a esa lógica. Donde la comunicación es central para la construcción de sentidos, cambio de hábitos y consensos de participación, con el objetivo de llegar a un “Nuevo Pacto Eco Social”. Es nuestra responsabilidad aún pendiente la de encontrar el camino que, de cara a la adaptación y mitigación de los impactos ambientales que estamos teniendo, nos permita posicionarnos con una mirada crítica y constructiva frente a esta situación.

Cabe señalar que el presente TIF se trata de un Informe de Trabajo de Campo, que se enmarca en el Reglamento de Trabajo Integrador Final de las especializaciones aprobado recientemente, y en el que se aborda un tema que requiere la realización de un estudio empírico, de recolección de datos e información y análisis de los mismos. El plan de trabajo se asienta en la sistematización de los resultados obtenidos a partir de una aproximación a un espacio específico desde objetivos de relevamiento, que apuntan a la recolección de información directa, tendiendo a dar cuenta de sus dinámicas de funcionamiento y en una propuesta metodológica pertinente con el objeto construido.

La riqueza del contenido del trabajo, más que en los datos y números de carácter legislativo, radica en el análisis de la información recolectada de la labor parlamentaria del Congreso en el periodo seleccionado, que es abordada desde una mirada comunicacional integradora y transversal, con el objeto de arribar a conclusiones que permitan pensarnos para transformarnos.

Cabe destacar que la elección del recorte temporal de investigación responde al periodo parlamentario desde el momento que fue declarada la Pandemia por el Coronavirus, y en el cual se vislumbra un interés particular respecto de las problemáticas socioambientales por parte de la sociedad, así como también desde el Poder Legislativo y el Gobierno Nacional.

En función de ello es imprescindible definir el concepto de Pandemia. Según documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término pandemia se refiere a las enfermedades que se propagan a través de las fronteras y que llegan a afectar a varios continentes con transmisión sostenida. La pandemia es declarada cuando hay «propagación mundial de una nueva enfermedad». Se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él».

El investigador del Conicet, Daniel Feierstein en su libro Pandemia, la entiende y define como “no solo no es un genocidio, sino que tampoco constituye, en sí misma, una práctica social, porque implica la irrupción de elementos naturales (ya no solo ni fundamentalmente decisiones sociales ni hechos generados con intención por la acción humana) en la organización social. Se trata de un interjuego complejo entre fenómenos de la naturaleza y prácticas sociales».

La declaración de Pandemia por parte de la OMS en marzo del 2020, fue la segunda en lo que va del siglo XXI, ya que la última vez que la Organización había tomado una decisión similar fue en 2009 con el brote mundial de la gripe A.

“La pandemia de COVID-19 se ha propagado favorecida por las desigualdades de nuestras sociedades y las deficiencias de nuestros sistemas de salud», dice el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. “Es fundamental que los Gobiernos inviertan en el fortalecimiento de sus servicios de salud y eliminen los obstáculos que impiden a tantas personas utilizarlos, a fin de que una mayor parte de la población tenga la oportunidad de disfrutar de una vida sana».

En Argentina, por su parte, es necesario resaltar el Plan de Políticas Ambientales presentado por el Gobierno Nacional en septiembre de 2020, en donde el Presidente Alberto Fernández hizo especial hincapié en la “Ley de Educación Ambiental y la jura al medio ambiente”, teniendo como paquetes de medidas a llevar adelante el Plan Federal de Erradicación de Basurales a cielo abierto, el Plan Casa Común, el Traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al Ministerio de Ambiente y el envío del

Proyecto sobre Educación Ambiental al Congreso, que como se verá fue convertido en Ley N° 27621, que establece el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional.

Cabe señalar que el proyecto de ley de educación ambiental fue tratado y aprobado por la Cámara de Diputados y sancionado con fuerza de Ley por la Cámara de Senadores el 14 de mayo del 2021. El 3 de junio del año pasado se publicó en el Boletín Oficial la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina bajo el número 27.621. En tal sentido, es importante destacar que la educación ambiental promueve el desarrollo de una ética de la solidaridad con las generaciones futuras y el derecho de la sociedad a un ambiente sano para su desarrollo.

Si bien la mencionada Ley 27.621, de Educación Ambiental Integral no entra en el presente análisis, es de suma importancia y relevancia su referencia en virtud de entender el proceso de concientización y educación ambiental al que el TIF está orientado.

La misma establece en su artículo 1° que “La presente ley tiene por objeto establecer el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Nacional y de acuerdo con lo establecido en el artículo 8o de la Ley General del Ambiente, 25.675; el artículo 89 de la Ley de Educación Nacional, 26.206; y otras leyes vinculadas tales como Ley Régimen de Gestión Ambiental del Agua, 25.688; Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios, 25.916; Ley de Bosques Nativos, 26.331; Ley de Glaciares, 26.639; Ley de Manejo del Fuego, 26.815; y los tratados y acuerdos internacionales en la materia”.

Asimismo, la educación ambiental es transversal y subsidiaria a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas (ODS), como el de “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Es dable señalar que los ODS se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se enfrenta nuestro mundo. Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se emprendió en el año 2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos medibles acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el hambre, prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo.

Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes: reducir la pobreza económica, suministrar acceso al agua y el saneamiento tan necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de manera importante la salud materna. También iniciaron un movimiento mundial destinado a la educación primaria universal, inspirando a los países a invertir en sus generaciones futuras, logrando enormes avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades tratables, como la malaria y la tuberculosis.

Además, los mismos, coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015: el Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). Junto con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firmado en Japón en marzo de 2015, estos acuerdos proveen un conjunto de normas comunes y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar los riesgos del cambio climático y los desastres naturales, y la reconstrucción después de una crisis.

En este contexto, si hay algo de lo que estoy segura es que la Pandemia como tal vino para replantearnos modos de vida sobre cómo seguir como humanidad, habitando este planeta de forma sostenible e igualitaria. Y en tal sentido como formadores/as de opinión es necesario replantearnos qué pasa con el rol de la comunicación. Como afirma Naomi Klein “La idea de que no podemos hacer lo necesario para enfrentar la crisis climática porque implica «demasiado» siempre fue un mito interesado difundido por aquellos a quienes les conviene que nada cambie. Si la pandemia deja algo en claro, es que cuando las sociedades deciden tratar una emergencia en tanto tal, un enorme abanico de posibilidades se abre instantáneamente” .

Por otro lado, retomando el término de Comunicación/ Educación del docente e investigador Jorge Huergo, y en virtud de comprender el rol de la comunicación en este escenario, es necesario entender que a la hora de comunicar/ educar lo hacemos como una construcción de sentidos. Es decir, que existe un territorio en disputa donde se puede pensar una suerte de paralelismo comunicación/ educación; comunicación/ ambiente, dando lugar de esta manera a que a través de la comunicación podamos construir sociedades con miradas más conscientes y más empáticas.

Por ello, en esta construcción de sentidos es sumamente importante el rol de los y las comunicadores/as ambientales; no sólo en materia de conocimientos en las temáticas tratadas y el uso de las fuentes y datos con rigor científico, sino también su compromiso con las causas que sean abordadas con una carga política y una mirada transversal e interdisciplinaria.

Creo firmemente que el papel del comunicador/a ambiental debe tener un lugar de denuncia, pero que sea a la vez concientizador y formativo. Y esto es clave para entender que “el problema socioambiental” a diferencia de cómo muchas veces fue y aún hoy se define, como si fuera una categoría abstracta independiente de lo económico y político, es fundamentalmente un problema del presente y supone un cambio de paradigma.

En tal sentido, urge entender el concepto de desarrollo desde otra perspectiva, así como también comprender cuál es la demanda vinculada al mercado laboral que muestra esta realidad, concibiendo al desarrollo como una herramienta que nos permita como humanidad un crecimiento sostenible e inclusivo para que podamos vivir de forma más igualitaria y cómoda en el presente, pero sin perder de vista la importancia de la preservación del ambiente para las generaciones futuras.

Según un informe del Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo (PNUD) “En lo que se refiere a la dimensión de la sostenibilidad ambiental, Argentina posee un territorio muy extenso con una gran biocapacidad y una gran variedad de recursos naturales y no presenta serios problemas de sostenibilidad dado que la huella ecológica se ha mantenido siempre por debajo de la biocapacidad del país, aunque esta última tiende a reducirse en el tiempo. Sin embargo, esta visión global no implica que no existan problemas ambientales específicos. Se evidencian problemas relativos a la contaminación, la erosión de los suelos, y la pérdida de bosques y de biodiversidad. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) provienen principalmente de la energía, los cambios en los usos del suelo, los procesos de deforestación, la agricultura y la ganadería, y las consecuencias en términos del cambio climático se manifiestan en alteraciones de la temperatura y del patrón de precipitaciones, que a su vez suponen el incremento del riesgo de desastres naturales, en primer lugar, por inundaciones».

Por ello, como afirma Naomi Klein, esta transición a la que obliga el cambio climático requiere que nos tomemos en serio la justicia social y las reivindicaciones anticapitalistas. En una época de negación del colapso medioambiental y de fake news (noticias falsas), las consignas sobre «creer en la ciencia», aunque muy importantes, no bastan para que el mundo comprenda que la crisis del cambio climático es parte de una crisis ecológica más amplia y que resolver la primera implicará abordar muchos de los problemas que plantea la segunda. Si los proyectos de transición perciben el cambio climático exclusivamente como una consecuencia del uso de combustibles fósiles y no del sistema capitalista en su conjunto, es probable que se queden cortos a la hora de diseñar las soluciones radicales que se necesitan” .

Respecto al cambio climático, es preciso entender que, si bien la humanidad en su conjunto contamina, los datos concretos arrojan resultados que demuestran que el mayor daño socioambiental lo producen un grupo minoritario de potencias en el mundo. Es por ello, que se necesita de un cambio tanto en la mirada como en el abordaje de la problemática yendo hacia un modelo que nos beneficie a todos y todas y no a unos pocos en detrimento de muchos.

Asimismo, en el trabajo se aborda también la perspectiva del Ecofeminismo entendiéndolo, no solo como un activismo que cuestiona los roles históricamente invisibilizados de la mujer y diversidades sexuales y la naturaleza en nuestra sociedad, sino que, ante todo, pone en el centro de la organización social, política y económica a la vida en todas sus dimensiones e interconexiones.

La economía dominante no ha mirado los cuerpos y territorios, sino que se ha abocado a explotarlos, despojándolos y deteriorando la vida y trabajo de muchos seres, entre ellos, las mujeres y diversidades y el ambiente del que todos y todas somos parte.

El ecofeminismo, entonces, nos invita a detenernos y poner límites sanos con nuestro entorno, para recuperar el vínculo material, espiritual y emocional que existe entre cuerpo, naturaleza y el cuidado por la vida misma.

Y en este sentido, una de las primeras aproximaciones con las que se aborda este trabajo es pensarnos desde una mirada donde la transformación productiva hacia actividades más verdes no implique contradicciones con el desarrollo económico y con el cuidado y conservación del ambiente.

En el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya se trabaja sobre la idea de una TRANSICIÓN JUSTA Y EMPLEOS VERDES entendiendo que “A medida que la economía mundial se reactiva gradualmente tras los confinamientos de la COVID-19, ha llegado la hora de crear un futuro más inclusivo, resiliente y sostenible. Y ya se está avanzando en ese sentido. El BID está trabajando de la mano de los países para crear estrategias que lleven a cero emisiones netas para 2050. La OIT también está ayudando a los países, sus trabajadores y las empresas a prepararse para hacer frente a las consecuencias sobre los mercados laborales nacionales. En los últimos años, con Cómo llegar a cero emisiones netas y Sostenibilidad medioambiental con empleo, nuestras instituciones han demostrado que una economía verde conlleva la creación de empleo y otros beneficios de desarrollo”.

Por otro lado, como se mencionó previamente, si bien el objeto del trabajo se enmarca en un tiempo específico de la labor legislativa, el eje fundamental de esa información radica básicamente en entender una pregunta como gran desafío, que es el de NUESTRO ROL COMO COMUNICADORAS Y COMUNICADORES AMBIENTALES, en el contexto de Pandemia.

Para ello, en el desarrollo y análisis del presente TIF algunos de los cuestionamientos serán ¿Cómo comunicamos para generar conciencia?, teniendo en cuenta que el problema socioambiental es un problema del presente y supone un cambio de paradigma.

Asimismo, para profundizar esta idea, es imprescindible redefinir el concepto de Desarrollo, cuál es y a qué tipo de desarrollo nos referimos cuando hablamos del mismo. Desde la perspectiva propuesta en este trabajo, el concepto de Desarrollo se basa en la preservación del ambiente que permita un crecimiento sostenible en pos de habitar más cómodamente el Planeta.

Según las Naciones Unidas (ONU), el desarrollo es una condición social, en la cual las necesidades auténticas de su población se satisfacen con el uso racional y sostenible de los recursos y sistemas naturales. La utilización de los recursos estaría basada en una tecnología que respeta los aspectos culturales y los derechos humanos. Todos los grupos sociales tienen acceso a las organizaciones y a los servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y tradiciones sean respetadas.

Por otro lado, el desarrollo sustentable es sinónimo de sostenible y es un término acuñado desde el informe de Brundtland de 1987, redactado por la ONU, por la Doctora Gro Harlem Brundtland, y que se llamó originalmente “Nuestro Futuro Común”. La frase que resume Desarrollo Sustentable en el informe es la siguiente: Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

En otro orden, en el presente trabajo también se plantea una mirada sobre la ley como mecanismo de organización de las sociedades, donde se visibiliza una organización de la sociedad de forma desigual. Es decir, la ley organiza aquello que como sociedad no podemos ordenar y llevar adelante como individuos siendo parte de un colectivo. Pero también se puede analizar que la ley sola no alcanza, sino existen mecanismos efectivos de seguimiento y control, ya sea por parte de las instituciones para tal fin, como por los colectivos sociales.

Otro de los temas a ser abordados es indagar sobre la mirada de los y las jóvenes y organizaciones sin fines de lucro. Para ello, se retoma la mirada de Magdalena Pedace de Jóvenes por el Clima ¿Qué dicen ellos y ellas?, ¿Qué piensan sobre el ambiente?

Respecto a la idea del cambio climático, tema fundamental de la agenda ambiental del momento y extremadamente vinculado a los Objetivos del Milenio y al Acuerdo de París, urge entender y desarrollar qué es el cambio climático (variación en el estado del sistema climático que perdura a lo largo del tiempo), para lo que es un punto de partida fundamental el campo disciplinar de la comunicación.

En esa línea, el cambio climático es una realidad que nos sucede en lo cotidiano, que lo palpamos como algo diario y que es evidente con las estaciones. Esta percepción resulta tangible denotando el verdadero desafío de entender dónde estamos y hacia dónde vamos, en virtud de empezar a aplicar políticas de mitigación y de adaptación a esta situación.

Si bien los cambios climáticos existieron siempre por movimientos naturales del ecosistema, este cambio climático en particular que estamos viviendo como humanidad es distinto porque surge a partir de causas antropogénicas, es decir que es generado por los seres humanos, a partir de la producción, y el desarrollo del modelo productivo.

Esta evolución fue parte de un proceso que se dio a lo largo del tiempo al pertenecer a un momento histórico que tuvo diferentes etapas, tomando como punto de medición el inicio de la Revolución Industrial en el siglo XIX, y continuando con la Revolución Agrícola entre la década del 50 y 60 del Siglo XX.

A principios de los 70 comienza lo que podría vislumbrarse como una introducción de la crisis ambiental en la política, que fue impulsada por la producción de una serie de informes científicos y que tuvo una instancia decisiva en la Conferencia sobre el Medio Humano, de la ONU realizada en Estocolmo (Suecia, 1972). Allí se plantearon diferentes formas de entender y asumir el problema por parte de los países desarrollados y los países en desarrollo.

En 1972 el informe Meadows del Club de Roma sobre “Los límites del crecimiento” supuso la voz de alarma y el inicio del proceso de concienciación al plantear límites al crecimiento económico y cambio en el manejo de los ecosistemas con efectos catastróficos para los sistemas económicos y ecológicos y en 1987 el informe de Brundtland “Nuestro futurocomún” de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo, definió por primera vez el concepto de “desarrollo sostenible” como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Este informe significó una influencia en el mundo para el derecho ambiental.

En 1992 se desarrolló la conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocida como la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro, Brasil, que reunió a más de 100 jefes de Estado, representantes de 179 gobiernos, así como a representantes de los empresarios, trabajadores, ONGs, organizaciones sociales de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas alcanzando un histórico nivel de representatividad y participación.

El primer Principio de la Declaración de Río coloca a los seres humanos en el centro de las preocupaciones relacionadas con el Derecho Sustentable, reconociendo el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.

Es recién a principios del siglo XIX, entre 1900 y 1930, que se empiezan a medir los acontecimientos de la naturaleza y se utilizan los modelos climáticos que desarrollan especialistas mediante una estructura metodológica de estudios que analizan y miden variables, dando lugar en el campo científico a una configuración sobre cómo los territorios soportan esos cambios en el clima.

Respecto al Acuerdo de París, -existen metas propuestas al 2030 y al 2050 donde cada país se comprometió en función de esos objetivos-, es necesario señalar que comienza a aplicarse en 2016 y Estados Unidos no participó sino recién con la presidencia de Joe Biden que garantizó llegar al 2030 a menos de 1,5 de grados por encima del nivel que deberíamos tener.

En relación a lo antedicho, el último pre informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) del 16 de febrero de 2022 afirma que el cambio climático tiene características irreversibles y que solo queda trabajar en pos de la adaptación.

En el mismo sentido, la revista Anfibia14, en su nota Una Nueva Geopolítica del Clima detalla que: “Desde que se celebró el Acuerdo de París en 2015 para detener el cambio climático, se invirtieron 3,2 billones de dólares en la industria hidrocarburífera, y la temperatura subió más o menos medio grado. Tan rápido es el proceso de calentamiento con esta atmósfera hinchada de CO2 (el subproducto de la quema de combustibles fósiles), que los gobiernos de todo el mundo, las empresas de consumo masivo y hasta el gran dinero de repente se ven obligados a poner el freno de mano para que no colapsen los sistemas terrestres y nos quedemos con un mundo capitalista pero absolutamente destruido”.

Por lo tanto, podemos decir que el problema del cambio climático es un problema político de unos pocos sobre unos muchos y de un modelo hegemónico de disputa de poder. Pero ¿Cómo se cumplen con los objetivos del 2030 teniendo en cuenta la dinámica actual y el modelo productivo?

En necesario tener presente que, de los 195 países en el mundo, solo 6 potencias (China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón y Alemania) son las que emiten la mayor cantidad y tienen comprometida la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, estando concentradas en alrededor de 100 empresas trasnacionales que emiten el 70% de este contaminante.

En tal sentido y retomando la idea de los Ecofeminismos, creo fundamental recuperar la mirada de los pueblos originarios que entienden de otra manera en Occidente la relación con la naturaleza, y que tienen un vínculo con ella que comprende una dinámica y articulación relacionada con los ritmos naturales, que son distintos al ritmo de desarrollo productivo del capitalismo asociado a la inequidad y desigualdad social. Y en ese orden de cosas tener presente que ha existido un genocidio sobre los pueblos originarios por parte del sistema extractivista.

Entonces sobre la base de entendernos como sujetos de consumo, donde la matriz energética de la Argentina se sostiene básicamente en un 90% sobre recursos no renovables, podremos avanzar en dilucidar esta encrucijada que se ha convertido en un dilema para los países en vías de desarrollo, donde el 50% de la población está bajo la línea de pobreza y con sus deudas dolarizadas. Este dato así lo afirma el sitio oficial de la Fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) al indicar que “La energía que consumimos proviene de distintas fuentes, pero no todas tienen la misma relevancia. Tanto en nuestro país como en el mundo, las fuentes de energía más importantes son los combustibles fósiles que en conjunto aportan casi el 90% de la energía que utilizamos. La forma de representar la participación de cada fuente de energía es a partir de la matriz energética”.

En este marco e inmersos en una emergencia climática y ecológica, es necesario desde un lugar de comunicadores/as comprometidos, analizar e informar respecto de lo que los y las legisladores/as consideran como prioridad en materia ambiental. Por ello, es menester asumir nuestra responsabilidad como sujetos que nos apropiamos de la naturaleza y que vivimos en un planeta que pide a gritos que no lo matemos y que adoptemos acciones de cuidado, adaptación y mitigación.

En virtud de lo señalado anteriormente, el trabajo se aborda desde una mirada integradora comunicacional y ambiental. En este sentido es que la problemática socio ambiental se articula con la práctica comunicacional confluyendo en una mirada crítica y constructiva acerca de estos temas y problemas, teniendo como objetivo primordial investigar a favor de informar acerca del compromiso político respecto de la materia ambiental. Esta iniciativa propone un posicionamiento acerca del compromiso que deben tomar nuestras legisladoras y legisladores sobre los nuevos pactos que debemos construir como sociedad.

Tal como lo plantean Maristela Svampa y Enrique Viale en “Hacia un Gran Pacto Eco Social y Económico” respecto de la capacidad del Estado que hoy aparece como fundamental para superar la crisis a nivel global y nacional, debe ser puesta al servicio de un gran Green New Deal o Gran Pacto Eco Social y Económico, para transformar la economía mediante un plan holístico que salve al planeta y, a la vez, persiga una sociedad más justa e igualitaria. Lo peor que podría suceder es que, en su propósito de volver a crecer económicamente, el Estado apunte a legislar contra el ambiente, acentuando la crisis ambiental y climática, así como las desigualdades Norte-Sur y entre los diferentes grupos sociales. Hay que entender de una vez por todas que las Justicias Ecológica y Social van juntas, que no sirve una sin la otra”.

Por ello, en medio de un escenario complejo donde el mercado y el consumo incorporan signos novedosos todo el tiempo, la comunicación aparece como una necesidad inminente a la hora de interpelar a los sujetos. Desde mi lugar de asesora técnica parlamentaria y a la vez profesional de la comunicación, a la hora de pensar la misma para la presente propuesta, existe una toma de conciencia ambiental, esto significa que se tiene en consideración el rol preponderante que lo ambiental adquiere día a día tanto en las nuevas generaciones, que manifiestan su activismo con mayor incidencia y protagonismo en diversas causas.

Como comunicadora analicé y entendí que la Pandemia abrió una disputa de interpretaciones y de narrativas que han cambiado las circunstancias en el ordenamiento social. Algunas de estas narrativas conducen a pensar que sólo debemos rendirnos ante lo que sería inevitable. Sin embargo, los colectivos humanos, las sociedades organizadas y sus instituciones hacen la historia, y con este panorama este trabajo intenta ser un aporte a la construcción de un ambientalismo popular y feminista donde todas y todos tengamos igualdad y derechos.

 

Podés leer el informe completo acá:

Georgina Vitetti
+ posts

Especialista en telecomunicaciones y políticas públicas de información y comunicación. Con más de 10 años de trabajo en el Senado de la Nación. Actualmente se desempeña como asesora legislativas en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de dicha Cámara. Es Lic. en Comunicación Social (UNLP), con una especialización en Comunicación y Medio Ambiente.

scroll to top